El pasado jueves 17 de enero tuvo lugar una reunión en Bruselas de responsables del Ministerio de Fomento con altos cargos de la Comisión Europea y de Eurocontrol a la búsqueda de una fórmula que permita a estas compañias seguir operando con normalidad a partir del 30 de marzo.
La clave radica en demostrar que la propiedad y el control de ambas compañías seguirán estando en manos de la UE en ese momento, es decir, que son mayoritariamente españolas y que también lo es su control. En el caso de Iberia, dada la compleja estructura del grupo IAG, es difícil de determinar. Si se acabara considerando una compañía no comunitaria, perdería su licencia de vuelo, con lo cual no podría mantener ni los vuelos en el interior de la UE. Sólo se le permitirían, y durante un año, los trayectos directos entre la UE y un país tercero.
A Bruselas no le convenció el último plan de contingencia presentado, en el que se señalaba que Iberia podría volar tras un Brexit sin acuerdo porque, defendían, aunque los derechos económicos son de IAG, los derechos de voto están mayoritariamente en manos de la sociedad Garanair, propiedad de El Corte Inglés. La fórmula que debe cumplir la compañía y que repiten una y otra vez en Bruselas es que Iberia debe estar “controlada y poseída” por capital comunitario.
El Gobierno tiene hasta el 6 de febrero para probar que Iberia es española.
